Nuestra sociedad arrastra bloqueos, conflictos, decadencias aparentemente inexplicables y que parecen endémicos. Como resultado, la pobreza aumenta en un país pletórico de su producción granaria y de carnes; una buena parte de la juventud oscila entre la embriaguez del placer inmediato sin proyecto social y los proyectos de fuga a mejores horizontes en el extranjero; la inestabilidad parece haberse convertido en el estado de funcionamiento ordinario de las instituciones políticas; nuestro sistema educativo y de sanidad adolecen de crecientes fallas; el sistema de transportes de larga distancia es caro y poco eficiente.

¿Cerrar o no cerrar la economía? Esa parece ser la discusión. Al menos una de ellas. El recurso a la frase del poeta inglés suena barato; pero en un país signado primero por los dramas y luego por una segunda versión en tono de farsa, la pregunta vale. Como otras. Por caso: pisar el precio del dólar, ¿sirve para frenar los precios o no?

Es difícil imaginar cómo y cuándo puede comenzar a revertirse este deprimente panorama, reconoció el ex ministro de Economía. Domingo Cavallo, ex ministro de Economía durante el gobierno de Carlos Menem y también de Fernando De la Rúa, compartió su análisis sobre la coyuntura actual económica y pronosticó un duro escenario para la Argentina.

n poco menos de dos meses, sucedió lo que anticipamos en este Bolsillo allá por enero: el grupo mayoritario de la alianza gobernante comenzó a tomarse en serio eso del arte de gobernar. Tanto que la vicepresidenta anunció, utbi et orbi, que la deuda con el Fondo Monetario no se puede pagar. Y lo mismo sucedió con el presidente Alberto Fernández, entrevistado por un vacunado VIP, «Cristina tiene razón, la deuda no se puede pagar».

Reglamentaba a través de un Decreto la Ley de Biocombustibles considerando:

“Que la Ley Nº 26.093 aprobó el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA.

Que la diversificación de la oferta de combustibles constituye uno de los ejes de la política nacional en materia de combustibles.

Que la incorporación de Biocombustibles a la matriz energética nacional tiene sustento en la necesidad de promover el uso de combustibles que comprometan en la menor medida posible el medio ambiente, en el marco de una política consistente con la aspiración plasmada en el Artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que la promoción de Biocombustibles constituye una política adecuada para enfrentar los desafíos de abastecimiento que tiene el país en el marco de una economía en crecimiento”.

Hoy, 15 años después nos encontramos rediscutiendo esta “Política de Estado”, poniendo incertidumbre sobre su continuidad o la forma de su continuidad, cuando debería estar claro que las “Políticas de Estado” deberían basarse en la previsibilidad, la continuidad, porque han implicado muchos reacomodamientos y expectativas, muchas y muy importantes inversiones y porque además el Ambiente, motivo central de esta Ley, requiere una mirada de largo plazo.

Cuando faltan pocas semanas para que finalice el régimen de promoción de biocombustibles, el gobierno argentino –que venía prometiendo algo que sabía que no iba a cumplir– finalmente mostró las cartas para hacer saber que planea liquidar los productos energéticos derivados de la soja y el maíz.

Fue en la Edad Media cuando los impuestos tomaron una dimensión que se transformaron para los ciudadanos en un peso cada vez más difícil de soportar. Había que satisfacer al rey y por eso las monarquías desarrollaron modelos tributarios con los que obtenían rentas cada vez más cuantiosas, obligando a los súbditos a abonarlas por medio de servicios personales o pagos en especie.

Las grandes empresas deberán dar información mensual. Buscan transparentar costos de las cadenas de producción y prevenir faltantes. La inflación y el abastecimiento de insumos son algunas de las preocupaciones centrales del gabinete económico. En ese marco, el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre).

En los próximos años el mundo le ofrecerá a la Argentina una oportunidad sin precedentes. Ante un contexto de crecimiento poblacional, particularmente de la clase media, la demanda de alimentos aumentará tanto en volumen como también en valor y diversidad, y solo un puñado de países estarán en condiciones de abastecerla.

Desde la Mesa de las Carnes afirman que es uno de los puntos que negocia el Gobierno con el Consejo Agroindustrial y habría acuerdo para que el tributo grave el resultado, sin involucrar la diferencia en la valuación anual del stock. También se evalúan incentivos para la cría y el novillo pesado, además de unificar el estatus sanitario de la industria.

El lunes pasado, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de promoción agroindustrial surgido del debate con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El objetivo de la norma será “fortalecer inversiones” para “agregar valor y aumentar la producción, las exportaciones y el empleo”, dijo el Presidente. Y explicó que con ese fin se prevén “incentivos impositivos y previsibilidad” para las inversiones.