Después del anuncio presidencial del cierre del Instituto para volver a ser una Dirección Nacional acotada en su número de personal, se nombró un interventor para realizar una auditoría integral de recursos humanos, físicos y financieros.

El Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena cuenta con alrededor de 1000 empleados, 106 coordinaciones en las provincias y 204 vehículos asignados, con un presu- puesto cercano a los 1000 millones de pesos anuales, de los cuales casi el 90% se destina a salarios y otros gastos, según informó el vocero de la Presidencia.

Por ley 27.188, sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada de hecho el 20 de enero de 2015 “Declárase de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”.

La ley denominada REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RURALIDAD ARGENTINA, está estructurada: Título I De los fines, objetivos, definiciones y alcances. Título II Aplicación. Título III Bienes naturales y am- biente. Título IV Procesos productivos y de comercialización. Título V Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación. Título VI Educación, formación y capacitación. Título VII Infraestructura y equipamientos rurales. Título VIII Políticas sociales. Título IX Instrumentos de promoción. X De los recursos necesarios. Normas complementarias. Título XI Consideraciones generales/transitorias.

Consta de 38 artículos con muchos enunciados, busca la articulación entre los organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional y las provincias, se crea el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, se procura la regularización dominial de tierras de la agricultura familiar, se suspenden sentencias de ejecución, la autoridad queda facultada para diseñar e instru- mentar programas de servicios ambientales, de incremento de la productividad y competiti- vidad en el ámbito rural, conservación de los recursos naturales, de actividades artesanales de preservación de las cosechas y comercialización, unidades de asistencias técnica e investiga- ción y de prácticas productivas, además de promover hábitos de alimentación sana y su difu- sión masiva. Crea el Centro de Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA). Y muchas manifestaciones sobre infraestructura, educación y comunicaciones en el área rural, etc.

Cómo puede verse la amplitud de objetivos trae implícito la necesidad de una burocracia que permita su ejecución. Se superponen tareas con otras áreas que ya realizan parte de los objeti- vos propuestos. La realidad obliga a pensar ¿es necesario un organismo de tal proyección?

¿Sirve a los fines prácticos para la construcción de una economía familiar campesina? ¿Favo- rece la integración territorial y el asentamiento de la población? O es una política que sos- tiene una alta organización con beneficios limitados. ¿Acaso los productores familiares no conocen su actividad? ¿No han sido productores a veces por generaciones y continúan con su trabajo? Se contemplan realmente sus necesidades cuando funcionarios asentados en ciudades trabajan virtualmente con gastos crecientes y con poca ayuda que llega a los verda- deros productores. A veces los gastos acumulados por la burocracia son elevados con respecto a los bienes y elementos que podrían recibir los beneficiarios. Las comunidades indígenas que merecen el respeto a sus culturas lo que requieren para su progreso es la integración con el resto de la sociedad sin miradas al costado y con menos prejuicios.

Existe una sinergia entre organismos oficiales y privados que viene cumpliendo una tarea de extensión y acercamiento a la problemática de la producción familiar y de subsistencia. Hacen extensión –entre otros– el INTA y su Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (con 5 Institutos en las regiones NEA, NOA, Pampeana, Cuyo y Patagonia); AAPRESID Sistema Chacras; Facultades con enseñanza agraria, Escuelas Rurales y también los gobiernos provinciales y los municipios. No siempre hay una adecuada coordinación entre proyectos y se desperdician recursos humanos y materiales.

Se debe considerar también experiencias del exterior, como el caso del PRONAF en Brasil, dónde el Programa Nacional de Ayuda Familiar no consistió en subsidios sino en un verdadero apoyo a la producción agraria con buenos resultados locales y además como factor de ocupa- ción territorial, mediante líneas de crédito destinados a pequeñas empresas rurales para inver- sión, emergencias o financiamiento, para producir más alimento.

Aportes para la discusión

• La Dirección nacional debería involucrarse activamente con las instituciones (públicas y privadas) que participan en esa tarea común. Actuar como un organismo de coordinación.
• Las escuelas rurales podrían ser un medio apropiado para llevar asistencia a productores, con el compromiso de docentes y alumnos.
• Las fuerzas vivas y municipales de su área de influencia deberían tener participación activa.
• Formar a los extensionistas con las nuevas tecnologías y herramientas digitales.
• Los proyectos que se encaren deben tener carácter de “pilotos” con posibilidad de multiplicarse en la misma u otras zonas.
• Deberían ser actividades diversas de “Desarrollo productivo, ambiental y social” con conocimiento práctico de la cadena de valor.
• Especial asistencia con carácter de micro-cuencas potenciando su carácter productivo con ejecuciones territoriales. No simple acciones individuales.
• Propiciar proyectos de sistemas alimenticios que contemplen su cuenca de vinculación.
• En el caso de otorgarse aportes monetario debería contemplarse la devolución del total o parte del crédito (según resultados obtenidos). Este financiamiento serviría para fomentar la experiencia y reproducir sus resultados.

En las últimas décadas se ha generalizado en la Argentina que todo se puede hacer mediante una ley y que los gastos que demanda su implementación sean soportados por la sociedad (o emitiendo) privilegiando a unos pocos y perjudicando a otros muchos.   La ayuda que no llega es una frustración que suma. Los malos gastos de organismos agrandados por el número de empleados son privilegios que otorga la política a la militancia con sentido definido. Hay que actuar pensando que no es la norma, ni la idea escrita la que cristaliza su efectividad si no se acciona pregonando el crecimiento y desarrollo. Hay que mirar más del lado de los resultados que de las iniciativas.

Estamos viviendo un tiempo donde el cambio es lo más importante. Mudar de fracasos y realizar tareas concretas que beneficien a la ciudadanía. Dejar la fábrica de pobres para cons- truir oportunidades donde cada uno pueda realizarse con esfuerzo, trabajo y disciplina.

CABA 17 abril 2024 www.cadia.com.ar