El 08 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia en un histórico fallo obligó al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza Riachuelo. Este fallo estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando quienes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, y el plazo en que las mismas deberán ser cumplimentadas.