Después que se les rechazará una presentación administrativa, organizaciones ambientalistas, entre ellas algunas de Córdoba, solicitaron a la justicia que disponga que el SENASA realice “un análisis de riesgo” de los cuatro centenares de herbicidas registrados por el organismo que contienen glifosato, pretendiendo con ello que posteriormente se prohíba el uso del producto en el país.