Si bien los primeros antecedentes en cuanto a la aplicación en la Argentina de derechos de exportación, o más conocidas vulgarmente como retenciones, se remontan a la inmediata posguerra, cuando en la segunda mitad de la década de 1940, durante el primer gobierno de Perón se impuso un mayor control sobre el comercio exterior con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), organismo sustentado en la Corporación para la Promoción del Intercambio y la Junta Reguladora de Granos, dos entidades, que constituyeron experiencias preliminares del intervencionesmo estatal en la materia.

La Argentina se encuentra entre los muy pocos países en el mundo que aplican en la actualidad derechos de exportación. Muchos estudios coinciden en que tan solo en las
últimas dos décadas desde las exportaciones de las cadenas de la soja, el maíz y el trigo, el aporte del agro vía retenciones superó los 150 mil millones de dólares.

Los derechos o aranceles de exportación son fáciles de cobrar. Negativo por ser un gravamen que se paga con la venta sin importar costos ni resultados. Se cobra en forma

general a la actividad y no son coparticipables. Se lo realiza en un número reducido de empresas y es una fuente directa y rápida de apropiarse de fondos para el Estado que
los utiliza malgastándolos en sueldos, y actividades francamente no productivas. Es la expoliación a una actividad que produce para el mercado interno y la exportación.

La necesidad de su vigencia es consecuencia de un Estado deficitario en su balance de ingresos y gastos. Atenta a la propiedad privada y también neutraliza futuras inversiones, fuentes de trabajo y economía regionales. Es arbitrario e injusto desde todo punto de vista.