El gobierno de Alberto Fernández publicó en el Boletín Oficial el decreto 805/2001, que extendió hasta fines de 2025 un régimen sobre derechos de los pueblos originarios que en los últimos años facilitó las usurpaciones de campos en diferentes regiones del país, debido a que desde 2006 habilitó un régimen de regularización de tierras reclamadas que nunca se termina, y que maniata de manos a los jueces cuando éstos deberían intervenir en un caso de ocupación que colisiona otros derechos